Los recientes acontecimientos que se están manifestando en la rama financiera de la economía real, terminan afectando a la actividad productiva como un todo, resquebrajando así el paradigma teórico sobre el cual descansa el neoliberalismo, el cual surgió como pensamiento dominante a partir del agotamiento de las ideas fordistas-keynesianas, que a su vez fueron garantes del proceso de acumulación ampliada de capital durante la época de postguerra.
De acuerdo con el modelo neoliberal y todo su basamento teorético, la no intervención del Estado se asumía como un mandato casi divino, que debía cumplirse al pie de la letra o de lo contrario se corría el riesgo de cometer un sacrilegio según el pensamiento hegemónico. En otras palabras, desde esta óptica el Estado es concebido como una entidad abstracta e imparcial ante la sociedad y los asuntos vinculados a la economía.
Empero, los recientes sucesos económicos, políticos y sociales permiten constatar que el Estado lejos de ser abstracto e imparcial, es una herramienta a través de la cual las clases dominantes instauran y garantizan[1] –sobre todo en situaciones de crisis– las condiciones necesarias para la acumulación y valoración del capital.
Como ejemplo concreto, nos referiremos a la política de salvataje a través de un paquete de 700.000 millones de dólares promovido y llevado a cabo por el Estado norteamericano para adquirir los activos tóxicos en manos de las instituciones financieras que, producto de la desregulación promovida por la teoría neoliberal, derivó en la implosión financiera del 2007.
En la Unión Europea, se aprobó otro paquete de 470.000 millones de euros[2], para comprar acciones de una banca enferma, como consecuencia de la adquisición de los denominados activos tóxicos que, gracias a la globalización de los sistemas financieros, se esparcieron por todo el sistema con una velocidad impresionante hacia las economías del centro y la periferia.
El gobierno británico tampoco se quedó atrás y llevó a cabo también su plan de “rescate para salvar de la quema a la banca”[3] mediante una nacionalización parcial del sector financiero que implicó unos costos de 64.500 millones de euros, con el interés de apalancar los prestamos de dineros entre bancos y el otorgamiento de créditos para así imprimirle dinamismo a los negocios.
Podríamos resumir las políticas de salvataje como una estrategia de las clases dominantes para que los agentes económicos tengan “confianza” en el sector bancario y evitar así la “falta de confianza” que impide el óptimo funcionamiento del sector financiero como dirigente de la actividad económica en su conjunto.[4]
Vale la pena preguntarse: ¿los trabajadores tendrán algún porcentaje de esos bancos salvados? La respuesta es clara y una sola: NO. Pareciera ingenua nuestra pregunta, pero basta sólo recordar que esa plata inyectada al sector financiero sale del bolsillo de los trabajadores que pagan impuestos o ven mermados sus salarios y sus beneficios socioeconómicos para que se hunda la nave financiera global. Y es así, como aparece nuevamente el Estado supuestamente imparcial y ajeno a la sociedad, tomando partido en función de los grupos dominantes para utilizar ese dinero con fines distintos a los intereses de los trabajadores.
La Organización Internacional del Trabajo, que nada tiene de crítica y socialista, resalta la importancia de los programas de seguridad social ante la actual crisis que atraviesa el sistema capitalista, sin embargo reconoce que: “Antes incluso de la actual crisis económica los sistemas nacionales de seguridad social estaban sometidos a una intensa presión política y económica. En los países industrializados el coste se consideraba demasiado elevado, mientras que en muchos países en desarrollo se consideraba simplemente inasequible. Cada vez en mayor medida, los sistemas de seguridad social se consideran útiles estabilizadores económicos en momentos de crisis.”[5]
La seguridad social es considerada como una política estabilizadora –sobre todo en momentos de crisis– ya que permite al trabajador un ingreso que a la postre pudiese atenuar los efectos de una recesión mediante el fomento del consumo. Pero, ¿dónde quedan las políticas de seguridad social hoy en el mundo del capital, ante los grotescos ajustes que se están implementando en los países de la zona euro?
Las políticas de seguridad social, derivadas de la lucha de clases, ciertamente significan avances –relativos– para los trabajadores. La clase dominante no cede por voluntad propia beneficios a los trabajadores. Esto se da en un marco de conflictividad social, donde el trabajo se revela y logra imponerse ante el capital, al menos en algunos aspectos puntuales.
Empero, la actual situación evidencia que no podrá haber victoria de los trabajadores bajo las reglas del sistema capitalista, pues en los países de la zona euro implementan un paquete de medidas que erosiona el nivel de vida de la clase obrera. El mayor peso del ajuste recae sobre los hombros de la fuerza laboral asalariada, mientras los banqueros especuladores reciben ayudas para recobrar la confianza de un sistema financiero que pareciera desmoronarse en cualquier momento y compromete la estabilidad de la economía mundial.
Razón por la cual el presidente brasileño Luís Ignacio Lula da Silva ha dicho que el sistema financiero de los países ricos está “podrido”[6]. En tal sentido, muchos años antes el líder soviético Vladimir Ilich Lenin ya ofrecía una conceptualización lapidaria: “El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clases son irreconciliables.”[7]
Cuando las condiciones mínimas que permiten la acumulación ampliada del capital están en peligro, aparece el “abstracto” Estado mediante un mandato divino que le permite socializar las pérdidas a toda la sociedad –específicamente a los trabajadores–, producidas por banqueros especuladores. Para ello, ése mismo Estado compra o en su defecto adquiere la mayoría accionaria de unos bancos llenos de activos tóxicos, generados por el boom del sector inmobiliario.
Parafraseando a Engels y Marx, el Estado emerge del seno de la sociedad. El Estado es la evidencia material de que esa sociedad ha entrado en una contradicción insuperable dentro del sistema capitalista, dividida por antagonismos de clases. Es en este contexto que debemos percibir la respuesta que imponen las clases dominantes ante la crisis que atraviesa el sistema en su conjunto.
[1] Ver la concepción del Estado desarrollada por V.I.Lenin en la obra: El Estado y la Revolución.
[2]AFP/EFE, “Alemania aprueba un plan de ayuda a la banca de 470.000 millones de euros”. El mundo.es, sección economía. Disponible en: http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/10/13/economia/1223885727.html (consultado el 14/07/2010)
[3]Eduardo Suarez, “Brown anuncia una nacionalización parcial de los bancos ante la crisis”. El mundo.es, sección economía. Disponible en: http://www.elmundo.es/mundodinero/2008/10/08/economia/1223448503.html (consultado el 15/07/2010)
[4] Las clases dominantes reducen el problema que atraviesa la humanidad a una situación de “confianza” y la “falta de confianza” de los agentes económicos en el sector financiero. Escenario que nos parece sumamente preocupante, pues el problema radica en cómo se otorga prioridad a un sistema financiero enfermo, autónomo y desligado por completo de la economía real que está orientada –o al menos debería–a satisfacer las necesidades materiales de la sociedad.
[5] Equipo editorial. “Hacer de la crisis una oportunidad: el papel de la seguridad social en la respuesta y en la recuperación”, Revista de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra) (12-12-2009) No. 67, pp. 4-8.
[6] Equipo editorial. Últimas Noticias, diario de circulación nacional, Venezuela, pág. 46. De fecha Sábado 19 de junio de 2010.
[7] Vladimir I. Lenin (1997). El Estado y la revolución. Fundación Federico Engels, Madrid, España. pág.22
Elio Córdova
Investigador Docente
